El jueves, cuando iba a Cáceres al trabajo, lo hacía escuchando a
Francino en la SER. Comentó que en septiembre de 2008, un político con responsabilidades en temas de economía y trabajo dijo, fuera de micrófonos, que
en un año las previsiones de paro eran de 4 millones de españoles. No quiso concretar la filiación del político, pero eso carece de importancia ante la magnitud de ese número.
Tras ese número se encuentran personas, cada una con sus problemas, cada una con su drama individual de paro y cada una, probablemente,
siendo el soporte económico de otras personas. Es decir, que el drama no es de 4 millones, es el drama de más personas. Haciendo un cálculo simple y suponiendo que cada parado será responsable del soporte económico de otra más (probablemente sean más y el cálculo quede a la baja), el número de afectados directamente por el paro laboral sería de 8 millones,
aproximadamente 1 de cada 5 españoles. Un drama, aunque ya hay
hienas aprovechándose.
Esta situación requiere del concurso de todos para paliar los efectos de esta crisis, pero sobre todo para ayudar a aquellos que peor lo pasarán.
Los que somos
funcionarios, que tenemos un trabajo que no se pondrá en riesgo, tenemos que seguir haciéndolo, con mayor ahínco y rendimiento si cabe, pero también tenemos la
obligación moral de seguir manteniendo el consumo, de
evitar que el ahorro aumente, de ayudar a que el dinero fluya. Tenemos que hacer bueno que
las ayudas directas a los contribuyentes son también una manera de ayudar a salir de esta crisis.
La pequeña y mediana empresa, la que no está directa o indirectamente ligada a la construcción y al automóvil, debe seguir su estrategia comercial, pero también tiene la obligación moral de
hacer aflorar esa economía sumergida que generaron en la época de bonanza, tapada para no declarar más, oculta a la hacienda pública para ahorrarse dinero. De esa manera
contribuirán a aumentar los fondos públicos, que buena falta van a hacer en las circunstancias que se avecinan.
Los grandes capitales, sean bancos, sean empresas, tienen la obligación de hacer fluir el capital, iniciando nuevos proyectos en esta época de crisis y
prestando dinero a aquellos emprendedores que deseen iniciar proyectos empresariales. Tienen que asumir riesgos controlados en esos préstamos, eso sí, con mayor control que los que asumieron en estos tiempos del pasado más próximo y que tan pingues beneficios les dieron. Además,
en el caso de los bancos, esa obligación debería ser una imposición, ya que han recibido o van a recibir capital para ese destino, reactivar la economía.
Los gobernantes, sean del color que sean, tienen que
gestionar este proceso desde el sentido más social, paliando en lo posible e imposible los sufrimientos de aquellos que van a ser los más desfavorecidos. Los gobernantes no deben permitir que haya trabajadores sin coberturas sociales por estar desempleados. Eso no sería admisible. Las prioridades deben estar orientadas hacia ellos. En ese sentido,
un gobierno del PSOE me ofrece muchas más garantías, y que
por vivir en Extremadura veo elevadas al cuadrado.
Los partidos políticos no deberían, bajo ningún concepto, utilizar el paro como arma electoral. Se podrán discutir y debatir las políticas en las que no haya acuerdos, y proponer siempre nuevas alternativas, pero
NO utilizar el paro para obtener beneficio electoral, no sería justo.
En definitiva, todos debemos arrimar el hombro para salir de esta. Pero que los que tienen las responsablidades políticas sepan que detrás de todo esto hay una quiebra del modelo económico y social mundial, y que la solución a largo plazo no puede ser más de lo mismo.